A 8 años de la promulgación de la ley contra el acoso y violencia política hacia mujeres, en Bolivia persiste la impunidad


img 73

La Paz, 15 de junio de 2020 (CM/II).- A pesar de que Bolivia fue pionera en la región al contar con una ley que sanciona el acoso y violencia política hacia mujeres candidatas o autoridades, Ley N° 243, ningún agresor ha recibido una sanción hasta la fecha desde que esta norma fue promulgada en 2012. Organizaciones de mujeres de todo el país observan que persiste la impunidad en esta materia.

“Bolivia ha sido referente en América Latina y el Caribe al contar con esta ley; incluso ha sido merecedora de premios internacionales por su carácter innovador”, sostiene Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, red de 21 organizaciones de mujeres de todo el país. “Sin embargo, los hechos de acoso y violencia política (AVP) contra mujeres se verifican a vista y paciencia de dirigentes políticos y autoridades, sin que ningún agresor sea o haya sido sancionado por ellos”.

El 12 de junio, la asambleísta departamental por Potosí Miriam Vargas (MAS) denunció públicamente que su casa había sido quemada por pobladores de Macha y que era amenazada constantemente por una supuesta “falta de apoyo” al gobernador de Potosí, Omar Véliz. La legisladora dijo que, debido a las presiones e intimidaciones en su contra y de su familia, había presentado su renuncia al cargo.

En criterio de Novillo, el acoso y la violencia política es parte de la cultura y la práctica política nacional, pero adquiere matices más “crudos y violentos” cuando se trata de mujeres. “La evidencia nos indica que hay acoso y violencia política en todos los niveles de Gobierno, nacional o subnacional. Sin embargo, la mayoría de los casos se presentan donde el Estado tiene poca presencia, donde se dificulta la denuncia o porque las autoridades ignoran la norma”.

De acuerdo con datos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), en 2019 se registraron 33 casos de acoso y violencia política contra mujeres: 21 denuncias y 12 renuncias. De estas últimas --todas concejalas--, el 75% tuvo lugar en el departamento de Potosí.

En tanto, la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) registró el año pasado 127 denuncias de acoso y violencia política contra sus afiliadas, el 41% de las cuales tuvieron lugar en La Paz.

Respecto al panorama de las asambleas departamentales, el OEP realizó un estudio en La Paz, Beni y Tarija, cuyos resultados revelaron que más del 54% de las legisladoras de estos tres departamentos sufrieron acoso político, alguna vez, en el ejercicio de sus funciones; mientras, el 37% señaló que fueron víctimas de violencia política.

En el ámbito nacional, un estudio realizado por la Coordinadora de la Mujer, IDEA Internacional y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) muestra que 75% de las diputadas y senadoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) han sido víctimas de algún tipo de acoso o violencia política, a pesar de que no necesariamente lo reconozcan.

“Candado” a la titularidad

El artículo 24 de la Ley N° 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres establece que “las candidatas electas y/o en el ejercicio de la función político-pública deberán presentar renuncia a su candidatura o titularidad del cargo que ejercen en primera instancia al Órgano Electoral Plurinacional”.

En el marco de esta norma, el OEP dispone del “Reglamento para el trámite de recepción de renuncias y denuncias por acoso y violencia política de mujeres candidatas, electas o en función político pública”, el cual pone una suerte de “candado” a la sustitución de la autoridad renunciante por su suplente, cuando hay indicios de acoso y violencia política detrás de su dimisión. En tal situación, debe remitir los antecedentes del caso al Ministerio Público.

Tres días después de conocerse los hechos violentos suscitados contra la asambleísta Vargas, el OEP emitió un comunicado recordando que el mandato de las autoridades electas en 2015 para las gobernaciones, alcaldías y concejos municipales continúa vigente hasta la elección y posesión de nuevas autoridades. En esa línea, apunta que “ejercer presión o inducir a las mujeres autoridades democráticamente electas a presentar su renuncia constituyen actos de acoso y violencia política” y que, por tanto, el caso será atendido conforme al citado Reglamento electoral.

Ayer, a través de un pronunciamiento conjunto, 30 organizaciones e instituciones que trabajan por los derechos humanos de las mujeres en el país condenaron los hechos de violencia en contra de la asambleísta potosina y exigieron a la Policía y el Ministerio Público investigar los ataques y proteger a la víctima. Adicionalmente, exhortaron al OEP proteger los derechos políticos de la legisladora, mientras que a la Dirección Nacional del MAS le pidieron sancionar a los dirigentes que hubieran participado de los hechos de violencia, con la suspensión de mandato, independientemente de que el caso llegue a ser tratado por la vía penal y/o administrativa.

 

La campaña #Protagonistas: Paridad-Poder-Juventudes es una iniciativa de la Coordinadora de la Mujer e IDEA Internacional, con el apoyo de la Embajada de Suecia.

f Compartir




coordinadora

idea
CON EL APOYO DE
suecia